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La polémica comenzó cuando académicos belgas decidieron publicar los manuscritos de Ana Frank en línea, dado que en Bélgica estos textos eran de dominio público, mientras que en los Países Bajos estaban protegidos por derechos de autor hasta 2037. Para cumplir con la legislación holandesa, se implementó un bloqueo a las conexiones desde IPs de ese país. Sin embargo, la fundación que gestiona los derechos de Ana Frank demandó a los académicos, argumentando que la posibilidad de eludir este bloqueo mediante el uso de VPN constituía una violación de los derechos de autor.
En una decisión que podría tener repercusiones amplias, el TJUE determinó que los editores no son responsables de infracciones de derechos de autor si han tomado medidas efectivas de geobloqueo. El tribunal subrayó que el uso de tecnologías avanzadas de geobloqueo significa que no se puede considerar que una obra publicada en un país donde es de dominio público esté comunicándose al público en un país donde está protegida, siempre que las barreras técnicas sean efectivas.
Este fallo se produce en un contexto en el que LaLiga, bajo el liderazgo de Javier Tebas, ha estado involucrada en una batalla legal por el control de la transmisión de sus partidos, utilizando VPN como blanco de sus acciones. En febrero de 2026, un juzgado en Córdoba otorgó a LaLiga medidas cautelares contra proveedores de VPN, obligándolos a bloquear ciertas direcciones IP vinculadas a emisiones ilegales de partidos. Sin embargo, la resistencia de estos proveedores y la reciente sentencia del TJUE añaden una capa de complejidad a la situación.
A pesar de que el fallo del TJUE no resuelve directamente el conflicto entre LaLiga y los proveedores de VPN, sí refuerza los argumentos de aquellos que defienden la legitimidad de estas herramientas. Mientras tanto, LaLiga continuará con sus esfuerzos por bloquear IPs, un enfoque que podría afectar el acceso a contenidos legítimos en la red, dejando un panorama incierto para los internautas.
