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Los escándalos en el ámbito tecnológico pueden perder protagonismo en los medios, pero sus repercusiones suelen perdurar. El caso de Cambridge Analytica es un claro ejemplo de ello. A pesar de que han transcurrido varios años desde que se reveló hasta qué punto la arquitectura de Facebook permitía que aplicaciones de terceros accedieran a la información de sus usuarios y de sus amigos, las consecuencias legales de este incidente continúan en aumento. En esta ocasión, Meta se enfrenta a una de las sanciones más elevadas impuestas a una empresa tecnológica, lo que subraya la gravedad de la situación y el impacto que tiene en la confianza de los usuarios.
La cifra de la sanción es de 25.000 millones de dólares. El juez Francis J. Mathew, del estado de Nuevo México, ha ordenado a Meta el pago de esta cantidad tras determinar que la compañía incurrió en decenas de millones de infracciones a la legislación de protección al consumidor. La decisión es notable no solo por su tamaño, sino también porque representa un nuevo capítulo en la crisis de confianza que enfrenta la compañía. Sin embargo, esta sanción no implica que Meta deba desembolsar inmediatamente esa suma, ya que la empresa ha anunciado su intención de recurrir y tratará de reducir o anular la sanción en apelación.
El origen de este caso se remonta a Cambridge Analytica. En 2021, el estado de Nuevo México llevó a Meta a los tribunales debido a este escándalo. En 2018, Facebook había estimado que la información de hasta 87 millones de personas pudo haber sido compartida de manera indebida con Cambridge Analytica a través de la aplicación desarrollada por Aleksandr Kogan. Las autoridades del estado argumentaron que la red social había engañado a sus usuarios respecto a quién podía acceder a sus datos y sobre el control que realmente tenían sobre su información. El juicio, sin embargo, se amplió para incluir un análisis más amplio de las declaraciones de la compañía sobre desinformación, discurso de odio y otras políticas internas, lo que demuestra la complejidad del caso y las implicaciones que tiene para la regulación de las plataformas digitales.
Un jurado ha determinado que Meta cometió millones de infracciones relacionadas con la privacidad. El fallo no solo concluyó que la empresa había hecho declaraciones engañosas, sino que también cuantificó la cantidad de veces que estas violaciones ocurrieron. De las 29 afirmaciones examinadas, 26 fueron catalogadas como injustas o engañosas, resultando en un total de 43.899.725 infracciones a la legislación del estado de Nuevo México. La metodología empleada para contar estas infracciones se basó en el número de usuarios de Facebook o residentes de Nuevo México que estaban expuestos a cada declaración, lo que permitió que una sola afirmación se tradujera en millones de incumplimientos.
La cifra de la sanción podría haber sido significativamente mayor. Los 25.000 millones de dólares no se derivan de aplicar la sanción máxima establecida por la ley. El juez determinó que las 43.899.720 infracciones asociadas a las declaraciones engañosas podrían ser sancionadas con el máximo de 5.000 dólares por cada infracción voluntaria, lo que llevaría el cálculo total a 219.498,6 millones de dólares. Sin embargo, la resolución judicial finalmente redujo esta cantidad a 25.000 millones de dólares. El estado había solicitado una compensación que oscilaba entre 35.000 y 40.000 millones, mientras que Meta había argumentado que el límite debería fijarse en 3.450 millones.
A pesar de la orden de pago, Meta aún tiene la posibilidad de revertir la situación. La compañía ha anunciado su intención de apelar la decisión y buscar que un tribunal superior reduzca o anule la sanción impuesta. Además, hay un aspecto económico relevante en el proceso, ya que la sentencia establece que se aplicarán intereses del 15% anual hasta que la cantidad total sea saldada. Sin embargo, no es posible anticipar con certeza cuánto terminará pagando Meta, dado que el recurso podría modificar el monto final de la sanción.
Meta enfrenta esta sanción en un contexto complicado. La empresa ha estado lidiando con varios frentes judiciales en tiempos recientes, especialmente en Nuevo México, donde en este año un procedimiento relacionado con la seguridad de menores resultó en una carga económica de 942 millones de dólares, además de nuevas obligaciones para las plataformas Facebook e Instagram. Esta situación refleja la creciente presión sobre la compañía en temas de protección de datos y la seguridad de sus usuarios más jóvenes.
El peso de antecedentes históricos también es significativo: en 2019, Facebook llegó a un acuerdo para pagar una sanción civil de 5.000 millones de dólares a la Comisión Federal de Comercio (FTC) por violaciones vinculadas a la privacidad. Aunque estas situaciones no forman parte del mismo procedimiento, contribuyen a contextualizar la magnitud de la sanción actual de 25.000 millones de dólares. Cambridge Analytica ya es un capítulo de otra era en internet, pero sus repercusiones legales continúan siendo relevantes y marcan un precedente en la regulación de la privacidad en línea.
Fuente original: Xataka.
