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La rápida evolución de la tecnología ha generado situaciones legales complejas, como la ocurrida en Zaragoza, donde un capitán del Ejército ha sido sancionado por permitir la instalación de un ordenador destinado a la minería de criptomonedas en un cuartel. La decisión del Tribunal Militar Central ratifica la sanción impuesta, que incluye la pérdida de ocho días de salario, por considerar que el oficial permitió el uso de recursos públicos para fines personales.
La situación se desencadenó a raíz de una alerta interna sobre una instalación informática conectada a la red eléctrica del cuartel, ubicada en un almacén de la Unidad de Servicio de Acuartelamiento (USAC). A pesar de que el capitán, encargado de las comunicaciones, notificó el posible delito de defraudación de fluido eléctrico a la autoridad judicial, la investigación fue asumida por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza, que llevó a la Guardia Civil a precintar el local.
La investigación reveló que un sargento primero, asignado al centro de comunicaciones, era el responsable de utilizar el local para minar criptomonedas, un proceso que requiere un alto consumo de energía. Sin embargo, el capitán también fue implicado por haber autorizado la instalación del equipo, facilitando el acceso al local y permitiendo su conexión a la red eléctrica. El tribunal determinó que la relación de amistad entre el capitán y el sargento influyó en su decisión de permitir dicha actividad.
A pesar de que el capitán trató de apelar la sanción argumentando defectos formales y vulneración de su presunción de inocencia, el Tribunal Militar Central desestimó sus alegaciones. La investigación, que incluyó pruebas sólidas y testimonios, confirmó un uso irregular de recursos públicos, destacando la importancia de la responsabilidad en el uso de instalaciones militares ante la creciente popularidad de las tecnologías digitales.
