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El Ministerio de Salud propone la creación de la Agencia de Evaluación y Desarrollo de Tecnologías de Salud, cuya función principal será emitir recomendaciones técnicas sobre qué medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos deben incorporarse al sistema de salud, basadas en criterios científicos de efectividad, equidad y costo-beneficio.
Se trata de uno de los proyectos de ley que anunció el gobernador Rolando Figueroa el 1º de marzo en la Legislatura. La iniciativa propone crear un organismo técnico que evaluará la incorporación de medicamentos y tratamientos, además de centralizar el desarrollo de salud digital en la provincia.
El objetivo es doble: asegurar que las personas accedan a tecnologías con seguridad demostrada y, al mismo tiempo, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. "Se busca tomar mejores decisiones sobre cómo, cuándo y dónde asignar los recursos sanitarios", destacan los fundamentos del proyecto.
Salud Digital y modernización
Además de la evaluación técnica, la Agencia tendrá un área dedicada al desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Entre sus funciones se destaca el diseño e implementación de herramientas clave para la salud moderna, tales como historia clínica electrónica, telemedicina y receta electrónica; y sistemas de ciberseguridad y gobernanza de datos sanitarios.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es que sus dictámenes tendrán carácter vinculante para el sector público, incluyendo al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN). Asimismo, se invita a las obras sociales nacionales y prepagas a adherir a estos criterios para unificar la calidad de atención en toda la provincia.
Por otro lado, la Agencia funcionará como un órgano de consulta permanente para el Poder Judicial. Esto busca brindar soporte técnico en procesos de amparos de salud, ayudando a los jueces a tomar decisiones basadas en evidencia científica actualizada.
Estructura y transparencia
La conducción estará a cargo de un directorio de 6 miembros. Para garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés, los directores ejecutivos serán elegidos por concurso de oposición y antecedentes y no podrán haber tenido vínculos patrimoniales con empresas del sector salud en los últimos tres años. Además, todos los informes emitidos por el organismo serán de acceso público.
