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Las empresas tecnológicas globales que operan en Corea del Sur y superan determinados límites de facturación anual, ventas o usuarios deberán nombrar representantes locales para ajustarse a la reciente Ley Básica sobre el Desarrollo de Inteligencia Artificial (IA). El medio Yonhap detalló que esta normativa exige la designación de responsables en compañías cuyo volumen de ingresos anuales globales sobrepasa 1 billón de wones —alrededor de 582 millones de euros—, que alcancen ventas nacionales superiores a 10.000 millones de wones —unos 5,82 millones de euros— o que reúnan al menos un millón de usuarios activos diarios en el país. Estas condiciones afectan de modo directo a gigantes internacionales del sector, como OpenAI y Google.
A partir de este jueves, Corea del Sur ha puesto en marcha la Ley Básica de IA, iniciativa que marca el inicio de un marco legal de regulación para la inteligencia artificial en el mundo, según informó Yonhap. El Ministerio de Ciencia y TIC de Corea del Sur subrayó que se trata de la primera vez que una legislación de este tipo entra plenamente en vigor, instaurando directrices generales para la gestión y la supervisión de políticas nacionales relativas a la IA. El propósito, según el Gobierno surcoreano, es conjugar la protección de la ciudadanía con el fomento del sector y la prevención de riesgos inherentes a tecnologías emergentes.
La regulación establece una distinción de modelos de IA en función del nivel de riesgo, clasificando como IA de alto riesgo aquellos sistemas que puedan incidir de forma directa en la vida de los usuarios o interferir en su seguridad. Según la información publicada por Yonhap, esta categoría comprende los algoritmos utilizados en etapas de selección laboral, procesos de análisis sobre concesión de créditos o asesoría sanitaria. Las empresas que implementen sistemas de alto riesgo en sus productos o servicios tendrán que informar explícitamente a sus clientes al respecto.
Uno de los mecanismos previstos para este fin es el uso de marcas de agua en los contenidos generados por IA, según explicó Yonhap. Esta medida orienta a evitar la confusión entre información originada por humanos y aquella producida mediante sistemas artificiales, especialmente ante la proliferación de contenidos manipulados como los llamados deepfakes, que podrían comprometer la seguridad de las personas. Las disposiciones sobre transparencia buscan enfrentar los retos asociados a la desinformación tecnológica, tema al que la ley otorga especial atención.
La normativa no solo contempla restricciones. El Gobierno surcoreano incluyó un conjunto de acciones diseñadas para incentivar la industria nacional de IA a través del apoyo a la investigación y el desarrollo, la creación de bases de datos de entrenamiento, el fomento de la formación de profesionales especializados y la construcción de centros de datos, consignó Yonhap. Estas disposiciones apuntan a fortalecer la competitividad de Corea del Sur en el área de la inteligencia artificial, sin dejar de lado la seguridad y los derechos de los usuarios.
De acuerdo con la explicación oficial recogida por la agencia de noticias, la Ley Básica de IA marca un hito al inaugurar un marco jurídico destinado a robustecer tanto la supervisión como la gobernanza en materia de políticas públicas sobre inteligencia artificial, al tiempo que configura medidas preventivas ante potenciales usos indebidos. El segundo viceministro de Ciencia del país, Ryu Je-myung, afirmó en un comunicado difundido por Yonhap: “La Ley Básica de IA se sitúa en el centro de la industria de IA de Corea del Sur y de la realización de una sociedad basada en IA”.
El medio Yonhap comparó la legislación surcoreana con la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, la cual fue aprobada previamente, aunque su aplicación plena se llevará a cabo desde 2027. La disposición coreana, en cambio, ya se encuentra activa y su cumplimiento, aunque obligatorio, contempla un periodo transitorio de adaptación. El Gobierno estableció que durante el primer año posterior a la entrada en vigor no se aplicarán sanciones ni se realizarán investigaciones en caso de incumplimiento, permitiendo que las entidades públicas y privadas ajusten sus operaciones y procesos internos. Una vez concluido este plazo, quienes no respeten lo dispuesto en la ley podrían enfrentar multas de hasta 30 millones de wones, equivalentes a aproximadamente 17.462,58 euros.
La implementación de la normativa será acompañada por una mesa de apoyo encargada de orientar a las empresas para facilitar la adaptación y la comprensión de la nueva legislación. El medio Yonhap especificó que este organismo ofrecerá asesoramiento técnico y jurídico, buscando agilizar el proceso y reducir posibles fricciones entre los entes reguladores y el sector empresarial.
El nuevo marco regulador deja abierta la posibilidad a que, en el futuro, la regulación evolucione ante los rápidos avances de la tecnología y la aparición de nuevos riesgos. La protección de los usuarios y el apoyo al crecimiento industrial se presentan como los dos ejes centrales de la estrategia surcoreana, según resumió el Ministerio de Ciencia y TIC en declaraciones recogidas por Yonhap.
El marco jurídico surcoreano representa la primera experiencia global en regulación comprensiva de la inteligencia artificial, con influencia potencial sobre futuros procesos normativos en otras economías tecnológicamente avanzadas. El enfoque integral plantea desafíos regulatorios, técnicos y éticos a nivel nacional e internacional, asunto sobre el que el Ministerio de Ciencia y TIC adelantó futuras evaluaciones y posibles ajustes, siempre bajo la premisa de mantener el equilibrio entre seguridad e innovación, según reportó la agencia Yonhap.
