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Durante una declaración ante un subcomité del Senado de EE. UU. el 30 de septiembre, Chris Painter, representante de METR, informó que OpenAI había convocado a “un puñado” de sus colegas a sus oficinas para investigar cómo sus propios agentes de inteligencia artificial habían llevado a cabo un ataque contra Hugging Face durante el verano. Esta revelación fue seguida por el anuncio de que tres investigadores de seguridad habían sido despedidos como resultado de una investigación interna que determinó que habían manejado información sensible fuera de los procedimientos establecidos por la empresa.
Entre los despedidos se encuentran Tomek Korbak, Jasmine Wang y Mikita Balesni. Korbak y Balesni son autores principales de un estudio sobre la supervisión del razonamiento, publicado en julio de 2025 y firmado por 41 investigadores de distintos laboratorios, en el que Wang también figura como coautora. El estudio sostiene que, mientras un modelo razona en lenguaje claro antes de tomar decisiones, es posible supervisar ese razonamiento para identificar malas intenciones, aunque ciertas decisiones de diseño podrían comprometer esta capacidad. Wang, quien había liderado un equipo en el Instituto Británico de Seguridad de la IA antes de regresar a OpenAI en 2025, es conocida por acuñar el término “pacing”, que se refiere a la ralentización de modelos avanzados.
Además, Korbak actuó como contacto técnico de METR durante la investigación relacionada con Hugging Face. Esta indagación fue realizada por tres investigadores, dos de METR y uno de Redwood Research, y no abordó las medidas de ciberseguridad de OpenAI ni sus prácticas internas. El informe resultante fue publicado el 26 de agosto con partes censuradas. En cuanto a la información sensible que supuestamente fue manejada de manera inapropiada, OpenAI no ha proporcionado detalles específicos.
El 9 de octubre, OpenAI comunicó a través de una publicación en X que los tres investigadores habían “violado políticas claras sobre el manejo de información sensible” y que su despido no estaba relacionado con la presentación de preocupaciones de seguridad. La empresa mencionó que había ocurrido una ruptura de confianza significativa, aunque no especificó las acciones que llevaron a esta decisión. En el mismo mensaje, OpenAI indicó que estaba de acuerdo con las recomendaciones de la carta.
Cada uno de los tres empleados despedidos ha compartido una versión distinta de los hechos. Korbak fue notificado verbalmente, sin recibir documentación escrita, sobre su despido, el cual fue atribuido a su interacción con METR, una actividad que formaba parte de sus responsabilidades laborales. Por su parte, Wang, quien había recibido acceso delegado al correo de un directivo, solicitó que le retiraran dicho acceso, pero su petición no fue atendida. Posteriormente, Wang abrió accidentalmente un correo que contenía información sensible y notificó de inmediato a la dirección sobre el incidente. En cuanto a Balesni, él asegura que siempre eliminaba cualquier información sensible de los materiales que compartía externamente y que mantenía a sus superiores informados sobre sus acciones.
En una carta abierta dirigida a los órganos de seguridad de OpenAI, los tres empleados niegan haber sido la fuente de una filtración a la prensa relacionada con arquitecturas de modelos más difíciles de supervisar, afirmando: “No fuimos la fuente de la filtración”. Además, Balesni expone en la plataforma X que considera que su despido se debió a la decisión de priorizar la seguridad por encima de los intereses inmediatos de OpenAI como empresa.
Un mes antes de los despidos, el 12 de septiembre, Anthropic había anunciado que otorgaría a evaluadores externos, entre los que se encuentra METR, un acceso equivalente al de un empleado, lo que incluiría un espacio de trabajo en la oficina, una tarjeta de identificación y un ordenador portátil corporativo. Asimismo, se les permitiría publicar sus resultados principales sin control editorial. Ese mismo día, Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró en X que su empresa implementaría una medida similar.
La carta de los empleados despedidos solicita que se cumpla esta promesa y expresa su inquietud de que los despidos sean utilizados como una excusa para restringir la cooperación con METR. Por su parte, OpenAI ha indicado que está en proceso de finalizar los contratos con los evaluadores externos, aunque hasta la fecha no se han concretado.
OpenAI defiende la inclusión de auditores externos, pero ha despedido a su contacto técnico con ellos. La empresa argumenta que el mal uso de la información excedió la relación con una organización externa, aunque no ha proporcionado detalles específicos al respecto.
En cuanto a la protección legal que habrían tenido si hubieran trabajado en España, el Estatuto de los Trabajadores establece que el despido debe ser notificado por escrito, incluyendo los motivos que lo justifican. Si la empresa no puede demostrar esos motivos o no cumple con el procedimiento establecido, el despido se considera improcedente. Además, si se vulneran derechos fundamentales, el despido es declarado nulo. Informar a un empleado sobre los motivos de su despido de manera verbal, como ocurrió en el caso de Korbak, no es suficiente según la legislación española.
La Ley 2/2023, que brinda protección a los informantes, abarca las infracciones del Derecho de la Unión Europea, así como delitos o infracciones administrativas que sean graves o muy graves, incluso si la información fue obtenida en un empleo anterior. Según lo estipulado en su artículo 10, todas las empresas privadas que cuenten con 50 o más empleados están obligadas a establecer un sistema interno para recibir estas comunicaciones. En caso de que se produzcan represalias, la carga de la prueba se invierte a favor del informante. A partir del 2 de agosto de 2026, el artículo 87 del Reglamento de Inteligencia Artificial ampliará esta protección a quienes denuncien infracciones de dicha norma.
Por lo tanto, el informante debe dirigirse a los canales establecidos, ya sea el canal interno de la empresa o la autoridad competente. Solo en circunstancias específicas se permite hacer pública la información. Una conversación que se realice fuera de estos canales no está contemplada entre las opciones permitidas.
En el contexto de California, Charlie Bullock, investigador de LawAI, señaló que la legislación estatal protege a los denunciantes que se dirigen a la administración, a la policía y a los canales internos, pero no ofrece protección ante organizaciones privadas ni ante los medios de comunicación. La ley SB 53, que fue firmada en septiembre de 2025, garantiza la protección a los empleados de grandes laboratorios de inteligencia artificial que denuncian infracciones ante la fiscalía general de California, una autoridad federal o un superior. Además, quienes gestionan riesgos están protegidos si informan sobre un riesgo catastrófico, que la ley define como la muerte o lesiones graves de más de 50 personas, o daños que superen los 1.000 millones de dólares en un solo incidente. Imágenes | Xataka y GPT Image con edición - La noticia OpenAI despide a tres trabajadores por manejar de manera inapropiada “información sensible” fue publicada originalmente en Genbeta por Redacción de Genbeta.
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